Los retos de las pymes en materia de sostenibilidad

La ONU define el desarrollo sostenible como la satisfacción de las necesidades de la generación presente, sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades. Este es un concepto cada vez más arraigado en las misiones y visiones de las pymes a nivel mundial, y Ecuador no es la excepción.

De hecho, la emergencia sanitaria producto del brote del covid-19, hizo que los cuidados de la salud se empezaran a percibir con más fuerza, lo que impulsó el crecimiento de la producción orgánica, productos naturales y locales. Por otro lado, el aspecto económico ha jugado un rol significativo, principalmente por volcar los esfuerzos de las empresas al ahorro de energía o de uso de energías renovables en sus actividades.

Según explica Katarina Zdraljevic, Jefa de la Unidad de Gestión Ambiental de Banco ProCredit, los beneficios de tener un modelo sostenible de negocio son varios, iniciando por un punto que no es tan visible, pero que se va a materializar a largo plazo: contribuir a la lucha contra el cambio climático, reduciendo las emisiones de CO2 y la generación de residuos contaminantes. A través de diferentes medidas, las pymes pueden motivar e incentivar a sus empleados, proveedores, clientes o público en general a seguir sus pasos en esta lucha. Por otro lado, existen beneficios tangibles que se aprecian mejor a corto o mediano plazo, tales como: posicionamiento en el mercado, reducción de costos debido a la implementación de medidas ecoeficientes, mayor valoración para este tipo de productos, acceso a beneficios tributarios, entre otros.

“Muchas pymes en Ecuador están considerando estos aspectos en su modelo de negocio; algunas por convicción y otras por la oportunidad que esto representa. Sin embargo, aún hay oportunidades de mejora, especialmente en el desarrollo de más estrategias que permitan alcanzar una sostenibilidad integral”, señala la representante de Banco ProCredit, quien detalla a continuación los principales retos que enfrentan las pymes en materia de sostenibilidad y cómo hacer frente a cada uno de ellos:

Los costos elevados de la implementación de tecnología sostenible

Si bien es cierto que muchas de las herramientas tecnológicas que permiten generar un impacto positivo en el medioambiente pueden ser costosas, también es cierto que esta es una inversión que permitirá a la empresa ahorrar en otras áreas, y por tanto, lograrán un impacto directo en la optimización de sus recursos financieros. En este punto, la experta de Banco ProCredit explica que “El precio de las tecnologías para producir la electricidad a través de las fuentes renovables es cada vez más bajo, acercándose seriamente a los precios de la energía convencional. Además, la instalación de paneles solares en el techo, por ejemplo, tendría un impacto directo en la reducción de los gastos en energía eléctrica, por lo cual, aunque puede ser fuerte inicialmente, este tipo de inversiones se podrían recuperar en un plazo de 6-7 años. A partir del séptimo año, la energía consumida sería gratuita.”.

La disponibilidad de líneas de financiamiento a largo plazo

Como se mencionó en el punto anterior, implementar acciones destinadas a reducir el impacto ambiental a través del mejoramiento de procesos productivos, industriales, comerciales, etc., puede llegar a ser costoso, sin embargo, sus beneficios a mediano y largo plazo son evidentes en términos de tecnificación, productividad, eficiencia y competitividad. Para realizar este tipo de inversiones, existen en el mercado alternativas de financiamiento que permiten lograrlo. Banco ProCredit, por ejemplo, cuenta con una línea de financiamiento verde denominada EcoCredit para promover inversiones en eficiencia energética, energías renovables, y medidas medioambientales, como producción orgánica, gestión de residuos, protección del agua, aire o suelo, entre otros. El crédito está disponible para pequeñas y medianas empresas, cuya constitución sea mínima de un año, con tasas preferenciales y plazos extendidos. También cuenta con una línea verde para financiar a personas en la compra de vehículos eléctricos, viviendas sostenibles, paneles solares, y/o electrodomésticos con alta eficiencia. La institución financiera ha aportado al sector de las pymes durante los últimos 9 años, apoyando a casi 1500 proyectos con más de USD 143 millones, llegando a tener una participación de créditos ecológicos del 18% de su portafolio total.

La competencia con productos no sostenibles con precios más económicos

Aquí es importante volver a enfatizar en que la pandemia ha impulsado a la ciudadanía hacia un consumo mucho más sostenible, y es incorrecto pensar que este interés es temporal, pues “Los estudios demuestran que es una tendencia que se mantendrá incluso después de superada la crisis sanitaria”, señala Zdraljevic. Es decir que los consumidores, más allá de los precios, seguirán prefiriendo productos que se hayan generado en armonía con el medioambiente, a través de procesos limpios no contaminantes, optimizando la energía empleada y respetando los derechos de las personas que han intervenido en los procesos de producción.

La falta de regulaciones claras e incentivos públicos para estas inversiones

Evidentemente, la transformación del modelo productivo hacia una economía sostenible no podrá suceder si no se logra movilizar suficiente capital privado, y para ello es clave contar con leyes claras, que no solo definan con exactitud el concepto de “inversiones verdes” o “inversiones sostenibles”, sino que promuevan los incentivos públicos para las empresas que destinen recursos a este tipo de proyectos. “Para impulsar el financiamiento de proyectos que contribuyan con la mitigación del cambio climático, existe capital y tecnología, pero para que las pymes en el país vean estas inversiones como atractivas, es importante que haya liderazgo político en este sentido”, agrega Zdraljevic. Además, se requiere de un claro compromiso de los altos directivos de las empresas, para enfrentar estos retos y generar alianzas con proveedores y/o bancos, que permitan tener las condiciones adecuadas para impulsar la inversión sostenible.

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